¿Un programa de ‘compliance’ para nuestro sistema político?

Publicado el miércoles, 13 marzo 2019

Isabel Palomino, abogada y socia de NEGOTIA.

La última reforma del Código Penal aprobada entra en vigor hoy, 13 de marzo. Y está todo el mundo un poco nervioso. Se amplía el elenco de delitos por los que las personas jurídicas pueden acabar en el banquillo: abuso de mercado, con especial incidencia en la alteración de precios o en comunicación ilícita de información privilegiada; lucha contra el terrorismo; delitos contra la hacienda pública; falsificación de moneda; tráfico de órganos humanos, corrupción… Corrupción.

El compliance está enfocado (o al menos un buen plan de cumplimiento normativo así debería estarlo) para que las personas jurídicas, que ahora sí pueden ser condenadas penalmente, puedan prevenir toda actuación delictiva que se pueda desarrollar en su interior. Está pensado para que se depuren responsabilidades. Es decir, para el que realmente delinquió e hizo caso omiso de las actuaciones preventivas y las buenas prácticas, sea finalmente el acusado, premiando a todos los que han cumplido, dejándoles fuera del delito.

Isabel Palomino, abogada y socia de NEGOTIA,

Así, tener un programa de compliance bien elaborado, implementado y supervisado en el tiempo (sí, efectivamente: no vale con elaborar un programa, firmarlo y dejarlo en un cajón) suma positivos en la buena fe y el buen hacer de las empresas y personas jurídicas. De hecho, tenerlo aliviará la carga penal del directivo, administrador o responsable de la empresa. O sea, es un filtro para sentar a los verdaderamente implicados en el banquillo. Y a partir de este 13 de marzo, mucho más.

La pregunta es: ¿no sería posible, ahora que estamos en pleno proceso electoral, tener un programa de compliance para los políticos? Qué bien nos vendría a todos.

Un programa, con sus medidas concretas, que determinara procedimientos para evitar la corrupción. Y al que no lo cumpliera, que pagara penalmente por ello. Sabemos que las estructuras que conforman nuestro sistema político están limpias de sospecha, pero no todos los individuos (los políticos) que las habitan. Exactamente igual que en la mayoría de las empresas en las que uno de los miembros de su plantilla – generalmente del equipo directivo o gestor- delinque. La empresa no tiene, generalmente, un modus operandi corrupto. Es uno, o varios, de sus miembros.

Pues si en el sector privado nos afanamos en aprobar sucesivas reformas penales que endurecen las penas por, entre otros delitos, corrupción, implementando sistemas de cumplimiento para salvaguardar a aquellos que, de buena fe, no han percibido la corrupción en sus estructuras, con más razón deberíamos implementar un sistema similar para nuestro sistema político.

Básicamente para prevenir la autoría de los delitos que comenten algunos políticos: desde la corrupción hasta los delitos contra la hacienda pública, pasando por los de comunicación ilícita de información privilegiada (qué casualidad: los mismos que se van a implantar con la nueva reforma).

Sería fácil identificar al responsable, quien hubiera roto la cadena de cumplimiento de las buenas prácticas, y de esta forma no se podrían diluir o esfumar las responsabilidades.

Con un compliance para el sistema político, los programas electorales de las distintas fuerzas políticas ganarían muchos puntos, desde luego, y los ciudadanos dormiríamos más tranquilos, sabiendo que el que realmente la hace, también la paga.

Sobre el autor
Núria Ribas

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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