SCEVOLA.

La trepidante actualidad en materia de justicia en nuestro país y que no se limita a las noticias escandalosas que se repiten a diario, exige, a nuestro juicio, no solamente una profunda reflexión y posicionamiento, sino también y, sobre todo, una declaración pública que dé respuesta y a su vez exija responsabilidades, por parte de quien tiene obligación y no sólo derecho a hacerlo.

A tal fin, la asociación SCEVOLA, que tiene por finalidad la calidad y la ética en el ejercicio de la Abogacía, reitera, como ya viene haciendo, su inequívoca posición de exigir al máximo órgano de la Abogacía, como es el Consejo General de la Abogacía, un pronunciamiento claro y contundente sobre esta grave situación que incrementa día a día el deterioro del prestigio de nuestra Administración de Justicia, sumida en una crisis insólita.

En este sentido, es preciso recordar que la Abogacía está legalmente obligada por el Estatuto que la rige, a defender el Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y a la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de la Justicia (Articulo 3), por lo que es evidente que ello constituye un mandato de obligado cumplimiento, tanto para los Colegios de Abogados como para el Consejo General de la Abogacía.

Por todo ello, consideramos que, tanto el Colegio de Abogados de Madrid, por su indudable relevancia, como y muy especialmente el Consejo General de la Abogacía, están legalmente obligados a pronunciarse sobre los graves acontecimientos que día a día vienen sucediendo, como es la renuncia del magistrado Marchena para defender su independencia y que había sido elegido sin elección para presidir el Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo esto es, asumir la primera autoridad judicial del Estado. Todo ello, en un bochornoso trapicheo de los partidos PP y PSOE que deteriora de forma flagrante la imagen de dicha autoridad que por un no menos escandaloso WhatsApp de un alto dirigente político, finalmente se ha visto obligado a renunciar a una designación inexistente.

Y no sólo ello, la causa del llamado procés está produciendo también llamativas perplejidades para todos, con recusaciones ligadas al asunto anterior y cese político del Abogado del Estado responsable, en una situación que atenta claramente a la libertad e independencia de la Abogacía, sea o no del Estado.

del Estado social y democrático de derecho cuya defensa obliga a dichos órganos, SCEVOLA considera indispensable y urgente que tanto el Colegio de Abogados de Madrid como el Consejo General de la Abogacía Española se pronuncien sobre estos graves episodios y exijan a los poderes públicos las reformas legales y constitucionales necesarias. Y ello, sin perjuicio de convocar a sus asociados y demás operadores jurídicos para que expongan sus criterios y posturas al efecto, mediante la celebración de los actos públicos que consideren oportuno.

Todo menos seguir pasivos y silenciosos puesto que los silencios, por muy prudentes que parezcan, ya no sirven.