El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Martín Aleñar, y la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, han anunciado hoy el acuerdo alcanzado entre ambas instituciones para reactivar el servicio de orientación jurídica penitenciaria, por un lado, y el destinado a personas mayores y/o con diversidad funcional en situación de dependencia, por otro, dos colectivos que, han indicado ambos, por circunstancias bien distintas se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y, por tanto, necesitados de atención prioritaria y especial.
Martín Aleñar ha expresado su agradecimiento al equipo de la Conselleria por la “implicación y la sensibilidad demostradas hacia estos colectivos altamente vulnerables”, así como por el apoyo financiero recibido para poder recuperar un servicio que permitirá a sus destinatarios – las personas privadas de libertad y las personas mayores y/o dependientes- “acceder a una orientación jurídica, personalizada y gratuita, que les permita conocer mejor sus derechos y las formas y mecanismos para hacerlos realmente efectivos”.
Estos servicios, para los que la corporación colegial ha obtenido una aportación de 75.000 euros de la Conselleria, y que se prestará en las tres islas, será atendido, por riguroso turno, por los cerca de cien abogados que se han inscrito voluntariamente en los mismos.
En el caso del SOJ de las personas mayores y/o con diversidad funcional en situación de dependencia, el servicio, que coordina el ICAIB, se prestará en el despacho profesional de los letrados inscritos y será atendido los martes y jueves en Mallorca, y el segundo y cuarto jueves de cada mes en Menorca y las Pitiüses. Para acceder a este servicio, los usuarios han de reservar cita previa o bien a través de la página web www.icaib.org o bien en el teléfono 971.179.400.
Por su parte, el SOJ penitenciario se llevará a cabo, en Mallorca, los lunes, miércoles y viernes y en las otras islas se hará el segundo y cuarto miércoles de cada mes, en el espacio que a tal efecto se habilite en los centros penitenciarios.
El decano ha destacado que la actividad de los letrados en ambos servicios se limita a un asesoramiento previo y/o una primera orientación, por lo que estos profesionales no podrán asumir los asuntos o las actuaciones, judiciales o extrajudiciales, que podrían derivar de las consultas atendidas. En tales supuestos, se les informará de la necesidad de contratar los servicios de otros profesionales de la abogacía o, en su caso, de los requisitos y el procedimiento para solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
No obstante, ha remarcado el decano, lo cierto es que es evidente que “un consejo cualificado a tiempo puede suponer la diferencia entre perpetuar una situación de vulnerabilidad o encontrar una segunda oportunidad”.
Por su parte, la consellera Fina Santiago ha recordado que ambas instituciones llevaban unos meses trabajando para poder recuperar esta actividad y ha mostrado su satisfacción por poder volver a poner a disposición de estos colectivos unos servicios “de gran utilidad y de resultados extraordinarios” que contribuirán a aumentar, mediante el acceso a una segunda opinión cualificada, la protección de unas personas que precisan una atención especial.
“Los derechos no se pierden detrás de las rejas”
Ambos han recordado que estos servicios funcionaron durante años de forma interrumpida hasta que en 2011 se vieron afectados por los recortes económicos.
Ahora, la colaboración entre el Colegio de Abogados y la conselleria de Serveis Socials, y su convencimiento de que “los derechos de las personas no se pierden detrás de las rejas ni tras una situación de dependencia” ha hecho posible reactivar una actividad que incide en la defensa de los derechos.
