Lesmes asegura que el Poder Judicial no escatimará esfuerzos contra la violencia machista

Publicado el viernes, 19 octubre 2018

Lesmes asegura que el Poder Judicial no escatimará esfuerzos contra la violencia machis-ta

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha inaugurado ayer, jueves, en el Senado el VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Sus primeras palabras se han dirigido a las víctimas, a las que ha querido expresar  que la Justicia “está de su lado” y que el Poder Judicial “no va a escatimar esfuerzos” para luchar contra esta lacra, que ha calificado de “enfermedad social”.

Lesmes ha asegurado que todos los intervinientes en este Congreso tienen un objetivo común: “erradicar, definitivamente, la violencia contra las mujeres, de la que con demasiada frecuencia también son víctimas los niños”, razón por la que “no podremos darnos por satisfechos mientras siga habiendo una mujer maltratada”.

La celebración de este encuentro es, en opinión del presidente del TS y del CGPJ, un punto de encuentro “inmejorable” para los distintos colectivos profesionales que están relacionados con la Administración de Justicia y “comprometidos en la lucha por la igualdad”; desde la colaboración entre todos ellos y gracias a la visión interdisciplinar que permiten las jornadas, “se podrá combatir más eficazmente esta terrible realidad”.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha destacado la intensa labor que se está llevando a cabo desde el CGPJ en la “ejecución y desarrollo del Pacto de Estado” contra la violencia machista y ha puesto como ejemplo dos de las medidas que ya se han puesto en marcha: la primera, un servicio específico, dentro de la Unidad de Atención al Ciudadano, para atender las quejas que se presenten tanto por parte de mujeres víctimas de violencia de género como por parte de profesionales que informen sobre cualquier irregularidad o anomalía institucional o judicial; la segunda, el desarrollo de planes de formación en violencia de género para todos los jueces, y no sólo para aquellos que tengan competencia exclusiva en la materia.

Estudio pionero sobre la agravante de género

Lesmes ha querido agradecer de forma especial el esfuerzo realizado por el grupo de expertos del Observatorio y ha destacado la elaboración de un estudio pionero sobre la aplicación de la circunstancia agravante por razón de género, incluida en el Código Penal tras la reforma de 2015. Las conclusiones de dicho estudio, ha afirmado, podrán servir para actualizar las recomendaciones contenidas en la Guía Práctica de criterios para la aplicación de la ley integral contra la violencia de género.

El presidente del TS y del CGPJ ha advertido de la importancia que tiene la educación en la lucha contra la violencia machista. Su erradicación definitiva sólo se podrá conseguir “si actuamos desde el origen del problema, esto es, educando, concienciando, cambiando estereotipos sociales”. Si bien la respuesta penal y judicial es fundamental, es necesario también “ayudar a los más jóvenes a que, de manera espontánea y por propia convicción, consideren rechazables los comportamientos violentos de dominación y control”. “Solo si ellos están convencidos, acabaremos erradicando esta enfermedad social”.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha destacado la importancia del Pacto de Estado, cuyo cumplimiento debe ser la meta del esfuerzo y el trabajo de todas las instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género.

Durante esta séptima edición del Congreso del Observatorio, que se celebra desde el año 2003, los expertos abordarán, entre otros temas de interés, el tratamiento integral de la violencia sobre la mujer como violencia de género, la valoración del riesgo y la protección de las víctimas menores.

El acto inaugural ha contado también con la intervención, entre otras autoridades, del vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz Alonso; de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; de la ministra de Justicia, Dolores Delgado; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de la fiscal general del Estado, María José Segarra.

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