El CERMI plantea que las personas con discapacidad sean prioritarias en el Plan de Acción contra los Delitos de Odio

Publicado el miércoles, 10 octubre 2018

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Ministerio del Interior que el Plan de Acción contra los Delitos de Odio tenga en cuenta de manera prioritaria a las personas con discapacidad, debido a la mayor exposición a este tipo de violencia.

En este sentido, el CERMI ve en el Plan de Acción contra los Delitos de Odio una oportunidad  para sacar a las personas con discapacidad de estas estadísticas de dolor y de vulneración de derechos, para lo que pide que en el plan que prepara el Gobierno se haga mención expresamente a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que todas las medidas tengan en cuenta la perspectiva de género.

En materia de investigación, la entidad reclama que se introduzca la variable de discapacidad en las estadísticas y estudios de la Oficina contra los Delitos de Odio, así como la especificación de las cifras desagregadas por género y tipo de discapacidad, y que se garantice la accesibilidad de las campañas de prevención y sensibilización.

Para mejorar la atención a las víctimas con discapacidad, el CERMI exige que se establezcan en todo momento medidas que garanticen la accesibilidad de los espacios y procesos para interponer una denuncia; garantizar que siempre se escuche a la víctima con discapacidad, incluidos los menores, y crear un grupo de trabajo para revisar y mejorar los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS).

En esta línea, reclama que se refuerce la formación de las FCS mediante la concienciación de los derechos de las personas con discapacidad y la elaboración de materiales y conferencias que pongan en valor la credibilidad de las personas con discapacidad cuando ponen una denuncia. Asimismo, insta a que se incremente la cooperación entre las instituciones y el movimiento social de la discapacidad.

Las personas con discapacidad aportan nombre y rostro a  estas perturbadoras estadísticas, que constatan que el estigma pervive y que la tan invocada inclusión no ha penetrado en estos espacios de sufrimiento y dolor. Además, sustenta la tesis de la vulnerabilidad y discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad, y la ineficacia de las políticas públicas para hacer cumplir la Convención sobre Protección contra la Explotación, la Violencia y el Abuso.

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