Antonio García: “El problema para las empresas viables del sector carbón es si van a tener que devolver las subvenciones”

Publicado el viernes, 5 octubre 2018

El Derecho Minero es un gran desconocido para la mayoría. A pesar de que regula a uno de los sectores clave – y polémicos- de la economía española y europea, seguimos regidos por una Ley de Minas de 1973, poco adecuada a los retos empresariales del sector en el siglo XXI. España tiene, además, unas entidades financieras nada dispuestas a invertir en minería metálica, la que está viviendo un tirón impresionante de demanda.

Lener, firma de servicios jurídicos y económicos, es uno de los pocos despachos españoles especialistas en Derecho Minero. Entre sus clientes se cuentan las principales empresas del sector, lo que le da una visión global de las necesidades jurídicas y empresariales de la minería en nuestro país. Antonio García, director del área de Minería de Lener, nos cuenta el estado de la cuestión en esta entrevista.

Núria Ribas / @oikit

Antonio García, director del área de Derecho Minero de Lener, en un momento de la entrevista / Foto: N.R.

P: La mayoría de las personas, cuando se habla de minería, piensan en el carbón. ¿Qué engloba hoy en día el Derecho Minero?

R: Va mucho más allá del carbón, por supuesto, porque engloba el aprovechamiento del recurso mineral. Y esos recursos pueden ser minerales energéticos, como el carbón, pero también minerales industriales como el yeso o la sepiolita, minerales metálicos, como el cobre o el zinc, la roca ornamental, como el mármol, y el material de cantera. Todo eso sería en relación con los minerales sólidos, pero también tenemos las aguas minerales. Y también tenemos el aprovechamiento de aquellos residuos de explotaciones mineras previas que el avance de la tecnología permite volver a explotar.

P: De todas estas actividades económicas, ¿cuál es la más habitual?

R: La minería metálica y la industrial. De hecho, esas son las ramas principales a las que se dedican nuestros clientes de Derecho Minero. La minería metálica está teniendo una importancia creciente a nivel nacional. Muchas antiguas explotaciones que fueron cerradas o abandonadas en el pasado, se reactivan ahora por la demanda de metales que está generando cambios en la innovación tecnológica.

P: Esta nueva demanda abre muchas posibilidades. ¿Está la legislación española adaptada a todo lo que viene teniendo en cuenta que la Ley de Minas es de 1973?

R: Bueno, hemos visto borradores de anteproyectos de modificación de la Ley de Minas. Estos borradores tenían tal calidad que lo que pensamos es mejor quedarnos con la ley del ’73. Son de una calidad técnica baja. Y no reconocen el sentido de la realidad del sector. Lo que sería interesante, en el momento adecuado, es modificar la ley con el calendario adecuado e involucrando a los colectivos, también al sector privado, claro.

P: ¿Qué cambiaría usted esencialmente de la Ley de Minas?

R: El problema no es tanto de la Ley de Minas, como la interpretación que hacen de esta ley determinadas administraciones. Es mucho más complicado con algunas administraciones que con otras poder ir avanzando en proyectos mineros. Y es una cuestión exclusivamente de integración. El problema no es que la ley sea del ’73 si no el uso que se hace de ella y la integración en el ordenamiento. Al final, se traduce en un incremento de la intervención de la autoridad minera, un incremento de las autorizaciones que tienes que solicitar.

P: Y los borradores de la nueva ley que ustedes han podido ver, ¿no solucionan este intervencionismo a su juicio excesivo?

R: Al final acababan siendo igual o más intervencionistas de lo que es ahora la ley del ‘73. Además, el punto de partida que tiene que tener cualquier reforma de un sector, y más si estamos hablando de un proceso de liberalización progresiva, tienen que tener el papel esencial de los operadores económicos del sector. No se puede legislar, en el siglo XXI, de forma absolutamente unilateral cuando regulas un sector industrial.

P: ¿Con qué otros problemas jurídicos se encuentran las empresas del sector minero en España?

R: Claramente, la intervención de terceros que aparecen en el sector y que acaban distorsionando absolutamente todo. Hoy en día, hay una serie de colectivos que están absolutamente en contra de la minería y de cualquier actuación vinculada al aprovechamiento de los recursos naturales, ya sean mineros o hidrocarburos. Estos colectivos defienden generalmente que no se debe afectar al medio ambiente. Hasta ahí, perfecto. Pero ellos tienen una variable mucho más conservacionista: lo que pretenden es que no se haga nada de nada en minería en España.

P: ¿Estamos hablando de ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales)?

R: De algunas, no de todas. Muchas de ellas, de las que se dedican a la protección medio ambiental, hacen estudios serios. Las propias compañías mineras contactan con ellas para tomarles en consideración desde el inicio. Pero luego también existe una masa crítica de ONG’s que nacen como setas y que emiten todo tipo de mensajes usando redes sociales, prensa con titulares muy llamativos, pero con un sustrato técnico y un rigor de los juicios que emiten más que dudosos. Y las compañías tienen que perder dinero y tiempo para contrarrestar todos aquellos mensajes nocivos que han ido lanzando estos colectivos.

P: Pero, de algún modo, actúan como contrapeso, ¿no? Cuando no son contrapesos serios si no faltos de rigor, ¿llegan a procedimiento judicial?

R: Sí, y aquí está el problema. Difícilmente un juez de instrucción va a archivar directamente una causa que se inicie a instancias de un colectivo de este tipo y que haya generado alarma social. No lo hará hasta que no tenga totalmente claro lo que ha ocurrido. Y para eso normalmente se tarda años. Muchas veces la Fiscalía de Medio Ambiente secunda la denuncia. Además, este juez de instrucción se enfrenta a una denuncia sin fin: cada vez que parece que se va a desmontar todas las incógnitas que tenía, acaba entrando otra denuncia adicional que obliga a tener que volver a contratar nuevos peritos, nuevas tomas de declaración… es una espiral.

P: Más en el campo laboral que en el medio ambiental, aunque también, el cierre o la continuidad de las minas de carbón está también en el debate social. Desde vuestra experiencia como asesores jurídicos y económicos, ¿cómo ve la reconversión del carbón?

R: Pues, tal y como está ahora la situación, con la interpretación que se hace de la regulación de la UE y el exceso de competencia que hay en el sector, habrá algunas explotaciones que sí serán viables cara a futuro, a partir de este año, y otras muchas que no. El gran problema que van a tener las compañías que resulten viables a partir de 2018 reside si va finalmente a exigirse la devolución de las ayudas que recibieron o no. El Gobierno y las Comunidades Autónomas están haciendo lobby para poder mantener algo que es estratégico, no solo para España sino también para Europa: el mantenimiento de las explotaciones de carbón que sean viables.

P: ¿Está ya decidido si tienen que devolver estas ayudas?

R: En principio, está todavía en discusión política. Depende de la UE.

P: ¿Crearía inseguridad jurídica si al final se decide que tienen que devolverlas? ¿Podría ser una vía jurídica de defensa para las empresas afectadas?

R: La negociación con relación a este asunto lleva años llevándose a cabo. Habrá compañías que, efectivamente, podrán defender que ellos han ido tomando estas ayudas pensando en la fiabilidad futura. Pero no todas podrán argüir esto. Aunque estas podrían argumentar que siempre confiaron que esto no era un punto cerrado a nivel UE y por tanto estaban ante una interpretación estatal que no tenía por qué coincidir con la interpretación final de Bruselas. De ahí el trabajo del lobby que comentaba antes.

P: Volvamos a la minería con más tirón hoy en día, la metálica. En nuestro país, ¿predominan las empresas españolas o las extranjeras?

R: El capital, generalmente, es internacional, pero todas las compañías lo primero que hacen es constituir una empresa vehículo en España, para que tribute aquí, y para que genere empleo aquí y poder ser así interlocutora con el Gobierno y con la sociedad. Pero el capital, la mayor parte de las veces y sobre todo en minería metálica, suele ser extranjero.

P: ¿Por qué cree que ocurre teniendo como tenemos recursos propios?

R: Pongámonos en línea con lo que nos ha ocurrido con el sector inmobiliario. Las entidades de crédito en España, con carácter general, no quieren invertir en minería. Hay muy pocos bancos españoles que quieran involucrarse en proyectos mineros. Lo hacen poco y como banco intermedio, con préstamos sindicados. Las entidades que suelen poner dinero son entidades de crédito bien de Canadá, o de Australia o de Reino Unido. Porque ellos sí tienen esta cultura. La minería, como inversión, es una cultura. Porque desde que pones el primer dólar, libra, euro o lo que sea, hasta que obtienes el mineral pueden pasar hasta 15 años. El retorno, luego, puede ser rápido. Pero también vas a tener que controlar una serie de variables como la fluctuación de los precios. Es un mercado de riesgo. Generalmente, tiene un retorno rápido pero que tarda en llegar. Esto no es negocio para corto placistas.

Sobre el autor

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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