Los TSJ de Andalucía, Cataluña y Madrid tendrán una Sección de Apelación Penal

Publicado el miércoles, 25 julio 2018

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, por unanimidad, informar favorablemente, “con carácter general”, el Proyecto de Orden Ministerial por el que se dispone la fecha de efectividad de una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid y del inicio de actividad de tres Secciones de Apelación Penal para hacer efectiva la segunda instancia penal.

El informe, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, explica que el proyecto de orden remitido por el Ministerio de Justicia fija en el próximo 1 de septiembre tanto la fecha de efectividad de una plaza de magistrado/a en las Salas de lo Civil y Penal de cada uno de esos Tribunales Superiores de Justicia como la de entrada en funcionamiento de tres de las cuatro Secciones de Apelación Penal creadas en el Real Decreto 229/2017, de modo que se mantiene sin establecer la fecha de entrada en funcionamiento de la segunda Sección de Apelación Penal prevista en el TSJ de Andalucía.

El texto aprobado por el Pleno del CGPJ señala que, “sin perjuicio de la felicitación por la presentación del proyecto, por cuanto la entrada en funcionamiento de estas plazas de magistrado y Secciones de Apelación Penal contribuirá a paliar la situación de desequilibrio producido en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia a raíz de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, sería lo procedente la inmediata efectividad de la totalidad de las restantes plazas creadas por el RD 229/2017”.

Eso significa, añade el texto, hacer efectivas las tres plazas de magistrado creadas en las Salas de lo Civil de los TSJ de Cataluña y de Madrid –de modo que sus Secciones de Apelación iniciaran su actividad “con todos sus integrantes”- y las seis creadas en la Sala Civil del TSJ de Andalucía, sin perjuicio de que tres de estas últimas –y por tanto, una de las dos Secciones de Apelación de ese TSJ- entraran en funcionamiento “en una fecha futura, pero en todo caso ya determinada en el calendario”.

Necesidad de incrementar la planta para asumir la carga de trabajo

El CGPJ señala que, según recientes informes del Servicio de Inspección, la necesidad de aumento de planta de estas Salas deriva no solo de la futura carga de trabajo que en asuntos penales asumirían, sino del incremento del ingreso de asuntos civiles como consecuencia de reformas legislativas en materias referidas a arbitraje y al derecho civil especial propio de las Comunidades Autónomas y del aumento de las causas contra aforados, que obliga a designar a uno de sus magistrados como instructor y dificulta, en consecuencia, conformar la Sala de enjuiciamiento “y, en su caso, la que ha de resolver sobre la admisión de la denuncia o querella o los recursos frente a las resoluciones que se dicten en fase de instrucción”.

Inspección también incidió en las funciones gubernativas que, hasta ahora, los presidentes de los TSJ han conciliado con el ejercicio de funciones jurisdiccionales, pero que podrían verse comprometidas si el incremento del ingreso de asuntos no se acompaña de un aumento de la planta.

A ello se añade que, asumida por estas Salas la competencia como tribunal de apelación penal ordinario, son constantes los pronunciamientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo indicando que su labor de casación debe limitarse a satisfacer las exigencias de seguridad jurídica y del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley a través de la unificación de doctrina, lo que traslada a las Secciones de Apelación una tarea que debe realizarse con un especial cuidado y rigor jurídico, incompatible con la masificación en el señalamiento y resolución de los recursos de apelación.

Por último, la práctica totalidad de las sentencias que se recurren ante estas Salas son condenatorias e imponen graves penas de prisión, lo que significa que muchos de los acusados están en situación de prisión provisional. Ello reclama del tribunal de apelación un estudio exhaustivo de cada motivo de recurso e impone su resolución prioritaria, para evitar que venzan los plazos que limitan su mantenimiento.

Andalucía: evidente situación de discriminación

El informe aprobado por el Pleno concluye, en vista de las consideraciones hechas anteriormente, que de las seis plazas creadas en Andalucía por el RD 229/2017 “resultan necesarias tres para afrontar la carga de trabajo de la Sala y, por tanto, han de hacerse efectivas con carácter inmediato, lo que permitirá la constitución de una de las dos secciones de apelación penal”.

El texto recuerda que el ámbito territorial de este TSJ comprende ocho Audiencias Provinciales, con un total de 26 Secciones penales, y que el citado Real Decreto contempla la necesidad de dos distintas Secciones de Apelación Penal, cada una de ellas con tres magistrados, “de manera que si bien la puesta en funcionamiento de una sola plaza de magistrado lo es en igualdad con lo dispuesto para los Tribunales de Cataluña y de Madrid, supone en términos relativos una evidente situación de discriminación que además no tiene fácil justificación, puesto que la reducción en este caso no es de dos plazas, sino de cinco de las plazas creadas y necesarias”.

Por otra parte, el proyecto de orden ministerial prevé que la Sección de Apelación Penal que inicie su actividad el próximo 1 de septiembre tenga su sede en Granada, previsión que se corresponde con el RD 229/2017, cuya Exposición de Motivos aclara que la sede y circunscripción territorial será la propia de la Sala de lo Civil y Penal, sin perjuicio de lo que, en su caso, pueda aprobarse de futuro.

Cataluña: las tres plazas han de ser efectivas con carácter inmediato

La Sala de lo Civil y Penal de este TSJ trabaja con dos secciones funcionales: una para los asuntos civiles, formada por dos magistrados titulares y un comisionado, todos de trayectoria jurisdiccional civil; y otra para los asuntos penales, integrada por el presidente, uno de los magistrados titulares y un comisionado, todos de trayectoria jurisdiccional penal. En las causas contra aforados se actúa como sala general

El CGPJ considera que las tres plazas de magistrado previstas para esta Sala en el RD 229/2017 “han de hacerse efectivas con carácter inmediato, atendidas las circunstancias que más arriba se ha detallado y que, precisamente, han determinado la concesión de medidas de refuerzo”.

Madrid: fuerte incremento de asuntos en materia de arbitraje

El informe destaca que “las competencias asumidas en materia de arbitraje han elevado considerablemente la carga de trabajo de la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal, ya que la mayor parte de los arbitrajes de toda España se realizan en esta Comunidad Autónoma, cifrándose en alrededor del 80 por ciento del total”.

Así, el CGPJ afirma que las tres plazas de magistrado prevista en el Real Decreto 229/2017 “han de hacerse efectivas con carácter inmediato en atención a la exigua planta orgánica con que cuenta la Sala, cuyo presidente debe asumir las funciones gubernativas inherentes al cargo, y el previsible incremento de los asuntos penales, habida consideración que son 15 las Secciones penales que integran la Audiencia Provincial de Madrid”.

Valencia: creación de una Sección de Apelación

El texto aprobado por el CGPJ señala, por último, que sería conveniente que, con la plaza ya creada y puesta en funcionamiento el 1 de junio del año pasado en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana se creara una Sección de Apelación Penal en dicho tribunal; aunque considera que deberían crearse otras dos plazas de magistrado, para que la Sección de Apelación que se creara estuviera integrada por tres, ya que la planta actual resulta insuficiente para atender adecuadamente el incremento de la carga de trabajo que supone la implantación de la segunda instancia penal.

Cambio de fechas de entrada en funcionamiento de varios Juzgados

El Pleno del CGPJ también ha aprobado hoy un informe sobre el proyecto de orden ministerial que modifica la fecha de entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Cartagena, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Talavera de la Reina y el Juzgado de lo Penal nº 4 de Toledo, que pasa del 30 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

El proyecto también deja sin efecto la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia números 9 y 10 de Sabadell, que la tenían prevista para el 30 de septiembre de 2018, sin establecer nueva fecha de su constitución; y fija para el 31 de diciembre de 2018 la entrada en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de L´Hospitalet de Llobregat y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 9 de El Vendrell, que estaban creados pero no tenían fecha de inicio de actividad.

Según el Ministerio de Justicia, la falta de implantación de los inmuebles, medios materiales y provisión de los puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia impide la puesta en funcionamiento de las unidades judiciales afectadas en las fechas programadas.

El informe, aprobado por unanimidad por el Pleno y del que también ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, subraya que “no puede más que lamentarse la dilación que va a sufrir la puesta en funcionamiento” de los Juzgados afectados; y considera que la situación “debería excitar la eficacia en la gestión para asegurar que estos Juzgados que ven retardada su puesta en funcionamiento estén en la fecha de su constitución dotados de los medios personales y materiales adecuados”.

Sobre el autor

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas. Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas

1 Comentario sobre este articulo. Comenta tu primero.

Comenta el articulo