La Ley del Derecho de Defensa, en el punto de mira del ICAM

Publicado el martes, 17 julio 2018

Muchos frentes abiertos tiene el decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso. Además de volver a empezar de nuevo la ronda de contactos con muchas de las instituciones de Justicia tras el cambio de Gobierno  – “esto es como el mito de Sísifo”, bromea Alonso -, el ICAM sigue insistiendo en que la abogacía “debe estar presente en la toma de decisiones de todos los órganos judiciales, tanto en el Consejo del Poder Judicial, como en la Fiscalía o en la Procura”.

Núria Ribas / @oikit

El decano del ICAM, José María Alonso (izquierda), junto con el diputado Juan Gonzalo Ospina

El decano del mayor Colegio de Abogados de España insistió en un desayuno ofrecido a la prensa en la necesidad que la abogacía tenga más peso en todas las decisiones normativas que afectan al colectivo. José María Alonso lo reivindicó al asegurar que no le parecía bien el actual método de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que la Ministra de Justicia aseguró la semana pasada que no iba a cambiar. “Creo que deberían ser elegidos por los jueces…y por los abogados”, aseguró Alonso. “Me gustaría que hubiera una representación de la abogacía en el CGPJ, en la Fiscalía, en la Procura…en todos los estamentos judiciales”.

Y en este sentido, insistió en la necesidad de que los Colegios de Abogados de Madrid y Barcelona tengan más peso “proporcional” dentro del Consejo General de la Abogacía Española. Actualmente, el método de votación en esta entidad es de un colegio, un voto. Algo que Alonso no ve nada claro: “Entre Madrid y Barcelona representamos a más de 100.000 abogados, más de la mitad de los colegiados de todo el Estado. Debemos ganar peso en las subcomisiones y en algunas decisiones”.

Otro de los caballos de batalla del decano madrileño es “apretar” para que la nueva Ley de Derecho a la Defensa vea la luz lo antes posible. “Tenemos pendiente una reunión con la Ministra de Justicia y con todos los grupos parlamentarios. Esta ley es fundamental para solventar situaciones inadmisibles en las que se encuentran compañeros de oficio en algunos casos”.

Alonso se mostró contrariado con la “lentitud” con la que se está tramitando la nueva norma. “Los abogados tenemos que estar perfectamente protegidos en el ejercicio libre de nuestra profesión, es inadmisible que se produzcan amenazas a los compañeros que ejercen la profesión de manera digna”, resaltó Alonso. De hecho, el ICAM se personará por primera vez como acusación particular en el caso de una abogada que ha sido amenazada de muerte durante su ejercicio profesional.

Y otro letrado que ha conseguido el amparo del Colegio es uno de los abogados del empresario Juan Miguel Villar Mir, al denunciar escuchas presuntamente ilegales – autorizadas por el juez instructor de los casos Lezo y Púnica – que, también supuestamente, vulneran el secreto profesional y el privilegio abogado-cliente. La Junta de Gobierno del ICAM aprobó el amparo solicitado. Así que ahora el siguiente paso es trasladar este acuerdo de amparo al CGPJ, a la Audiencia Nacional y a la Fiscal General del Estado, María José Segarra.

Lo que tardará un poco más en ver la luz será el cambio de denominación del Colegio para adaptarlo al lenguaje inclusivo. Hasta noviembre de 2019 no se prevé que pase a denominarse Colegio de la Abogacía de Madrid, ya que requiere realizar todo el proceso de reforma estatutaria que ha acometido la nueva Junta presidida por Alonso. Un cambio estatutario lento pero que, según el decano, “nos podremos dar por muy satisfechos si esta junta consigue cambiar los estatutos del Colegio en un año y medio de acción“.

 

Sobre el autor
Núria Ribas

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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