Al 72% de las empresas se les impone cobrar por encima del plazo legal

Publicado el martes, 10 julio 2018

El tiempo que una empresa tarda en pagar a otra en Europa es, de media, 47 días. En España, esta media se dispara a los 77 días, llegando en muchos casos a los 105, según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. El límite legal son dos meses, 60 días. La morosidad entre empresas sigue siendo un peso insoportable para la mayoría de pymes y autónomos. El PP ha bloqueado durante meses la reforma de la Ley contra la Morosidad que proponía Ciudadanos. Tras la moción de censura, PSOE, Podemos, ERC y PdCAt apoyan la reforma y dan luz verde a la ponencia de la ley.

Núria Ribas / @oikit

Las grandes constructoras son algunas de las compañías que más morosidad acumulan con sus proveedores

La principal novedad de la reforma planteada por Ciudadanos es establecer un régimen sancionador a las empresas que superen reiteradamente el límite legal de 60 días en los pagos entre empresas como establece la actual Ley contra la Morosidad. Una ley, aprobada a bombo y platillo en 2004, que obviamente no ha cumplido su función ni de lejos.

España es uno de los países europeos con plazos de pago más largos, junto con Grecia e Italia. La Ley de Lucha contra la Morosidad aportó unos límites legales de pago y la imposibilidad de pactar plazos superiores entre las partes. Sin embargo, en su conjunto, la legislación española en materia de morosidad está repleta de ambigüedades y contradicciones que permiten eludir el cumplimiento de los plazos legales”, explica Antonio Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

Cañete tiene muy claro el motivo de este fracaso legislativo: “En este momento, no existe ningún mecanismo jurídico eficaz, sencillo y barato que permita a nuestros autónomos y pymes protegerse ante el poder de corporaciones de mayor tamaño para imponer sus plazos de pago”. “Hemos realizado recientemente una encuesta en la que se pone de manifiesto que el 72% de las empresas han firmado contratos que imponen plazos de cobro superiores a los legales”, asegura Cañete. ¿El argumento? “Es lo que hay, nos responden”.

Esta indefensión de los proveedores frente, principalmente, las grandes corporaciones (difícil arriesgarse a perder un contrato como proveedor de una gran empresa por defender la legalidad en el cobro) es lo que pretende ahora solucionar la reforma legislativa con la nueva Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.Necesitamos más facilidad para resolver los conflictos sobre plazos de pago a través de un nuevo Sistema Arbitral de Morosidad. Se tratará de un procedimiento al que podrán acceder de manera voluntaria y gratuita las empresas, para resolver de manera rápida los conflictos por retrasos”, explican desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso.

Este sistema extra judicial en torno a la morosidad entre empresas ya se aplica en países como Francia con buenos resultados. Pero sigue siendo fundamental la aplicación de sanciones. Una de las carencias con las que nació la ley de 2004 era que no iba acompañada de un régimen sancionador. Ahora, desde Ciudadanos, se insiste en que la nueva ley “debe sancionar a las empresas incumplidoras que repetidamente paguen a autónomos y pymes pasados 60 días del máximo legal”. “Y además”, – añaden- “la norma debería perdonar las deudas a autónomos y Pymes que no puedan llegar a fin de mes por tener facturas sin cobrar”.

La oposición pesos pesados económicos

A nadie se le escapa que el lastre de la morosidad para el tejido productivo español (formado por pequeñas empresas y autónomos en más del 98%) es de sobras conocido por todo el mundo. Al igual que el fracaso reiterado de la ley de 2004. ¿Por qué, pues, tanta demora en solucionarlo?

Una posible pista podría ser que, entre las empresas más morosas de España se encuentran las grandes constructoras. Desde la PMcM se ha denunciado más de una vez que las grandes constructoras llegan a pagar a sus proveedores, a través del ‘confirming’, hasta a 200 y 300 días desde la emisión de la factura. Lawyerpress se ha puesto en contacto con la patronal del sector, Seopan, pero no ha sido posible obtener declaraciones sobre este tema en concreto.

De hecho, el bloqueo del PP en el Congreso para tramitar la nueva ley, intentaba sustituir las multas que defienden el resto de grupos por penalizaciones fiscales. Desde Ciudadanos se oponen y, además, proponen “crear un Observatorio Estatal contra la Morosidad, adscrito al Ministerio de Hacienda, con objeto de velar por la aplicación y el cumplimiento de los plazos legales”.

Una de las discusiones que tendrá que afrontar la ponencia de la nueva ley es de quién dependería el órgano de inspección encargado de supervisar y en su caso multar a las empresas que no cumplan los plazos.  Sobre la mesa hay dos opciones: o la Agencia Tributaria o las consejerías de Hacienda de las distintas Comunidades Autónomas.

 

Sobre el autor

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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