Marlaska y Llarena discrepan sobre quién debe decidir el acercamiento de los presos a cárceles catalanas

Publicado el viernes, 15 junio 2018

Es una duda que recorre los círculos jurídicos y políticos desde hace días: ¿a quién compete decidir el acercamiento de un preso durante su prisión provisional? Ayer, la duda quedó evidenciada nada menos que por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el juez instructor del caso sobre el proceso soberanista catalán, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Desde el pasado mes de abril, Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, tiene sobre la mesa la petición de traslado de varios de los procesados alegando, en algunos casos, los derechos de sus hijos menores a estar cerca de sus progenitores. Los expertos consultados avalan este acercamiento.

Núria Ribas / @oikit

Grande-Marlaska, nuevo Ministro del Interior, aboga por el acercamiento a cárceles catalanas de los procesados y encarcelados sin fianza por el procés soberanista durante su prisión preventiva. Marlaska, en declaraciones a Onda Cero, aseguró ayer que “si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil”. Pero desde Interior se hace hincapié en que el Ministerio solo puede decidir a qué cárcel trasladar un preso cuando existe una sentencia condenatoria. No es el caso.

Pero el juez instructor del caso, Pablo Llarena, niega la mayor y le pasa la pelota a Marlaska. En un auto notificado ayer mismo, Llarena se declara no competente para tomar la decisión de trasladar a los políticos y líderes independentistas a cárceles catalanas. Llarena soporta su respuesta a Marlaska en jurisprudencia y legislación diversa.

A pesar de ello, lo cierto es que ha sido el propio Llarena el que ha utilizado siempre el mismo argumento para denegar el traslado a cárceles catalanas: la cercanía al lugar en el que se les juzga, en este caso, Madrid. Este es un argumento legal válido, pero, aun así, algunos magistrados no lo comparten. “Parece razonable que deban estar en su zona de arraigo, eso sería lo procedente, tanto por la familia como por la presunción de inocencia”, apunta el juez Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. González Vega confirma la razón aducida por el Tribunal Supremo, pero, insiste, “aun así, parecería razonable que cumpliesen la prisión provisional en su entorno familiar”.

Más de 30.000 kilómetros

Desde el pasado mes de abril, Instituciones Penitenciarias tienen una petición de acercamiento tanto de Jordi Cuixart, expresidente de Ómnium Cultural, como de Jordi Sànchez, exdiputado, alegando los derechos del menor, de sus hijos, a estar cerca de sus progenitores.

Nuestro hijo de 11 meses y yo hemos viajado 22 veces para poder ver a su padre, a menudo solo tras un cristal durante 40 minutos, con contacto físico solo permitido una vez al mes. Hemos recorrido ya 30.000 kilómetros”, relataba el pasado mes de marzo en la sede de la ONU en Ginebra Txell Batet, la esposa de Cuixart.

Los progenitores privados de libertad, que cumplen su pena en un centro penitenciario muy alejado del lugar de residencia de los hijos, en la práctica, imposibilitan la relación personal con sus ellos”, explica Silvia Giménez Salinas, abogada experta en Derecho de Familia en SGS Abogados y miembro de la BMyV Alianza.Es un plus a la pena de prisión no establecido en ninguna ley y precisamente en contra del criterio prioritario de interés del menor” que recogen diversas leyes.

Entre ellas, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor que, en su artículo segundo deja claro que el interés del menor, en cualquier cuestión que le afecte, será criterio prioritario para adoptar cualquier medida.

Un punto de vista que comparte Paula Aller, abogada y socia del despacho Negotia, con amplia experiencia en resolución de conflictos dentro del ámbito familiar desde el punto de vista jurídico: “El régimen de visitas de los menores con su progenitor no custodio es un derecho-deber recogido en nuestro Código Civil, en sus artículos 94 y 160. Claro, cuando nos encontramos con la situación de que el progenitor no custodio se encuentra privado de libertad, la cosa se complica. Pero para mí está claro que, en ese momento, cuando se plantea el acercamiento de los presos a fin de llevar a cabo un régimen de visitas, debe prevalecer el interés del menor por encima de cualquier otro interés legítimo”, remacha Aller.

El papel de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo

No está de más recordar que el argumento esgrimido por el Tribunal Supremo para denegar el traslado a cárceles catalanas, la cercanía al lugar que se les juzga, y que es la fuente de esta colisión con los derechos del menor (y, como apunta el magistrado González Vega, con la presunción de inocencia) es fruto de la decisión de que fuese en un primer momento la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo los que asumieran la competencia en el caso del procés.

Esta decisión no fue, como se ha visto, baladí. De hecho, para varios juristas, rompe con el derecho al “juez natural”. La propia Constitución recoge que una persona debe ser juzgada por el tribunal que marca la ley, no por el que decide la Fiscalía o el Gobierno de turno. ¿Y qué tribunal marcaba la ley, en este caso?

De entrada, parece lógico que, para el caso de los políticos aforados, hubiera correspondido el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Y en el caso de los no aforados, la Audiencia Provincial de Barcelona, al menos en un primer momento. La Audiencia Nacional nunca había sido competente hasta ahora para juzgar los delitos de sedición y rebelión que se les imputa a los acusados. De haberse mantenido el derecho al juez natural, los presos hubieran estado desde un principio en cárceles catalanas.

 

Sobre el autor

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

Comenta el articulo