Miles de conductores se vieron atrapados durante más de 17 horas en la autopista de peaje AP-6 entre los días 6 y 7 de enero. Tras el temporal de nieve, llegó la tormenta política pidiendo responsabilidades al Gobierno. El Ministerio de Fomento cargó desde el principio toda la culpa sobre la concesionaria de la autopista, Iberpistas. La oposición acusa al Ejecutivo de dejación de responsabilidad, como marca, por ejemplo, el protocolo de vialidad invernal, mientras que la asociación de consumidores ASUFIN plantea demandar a Fomento por responsabilidad patrimonial al tiempo que ya ha iniciado acciones civiles contra Iberpistas.
Núria Ribas / @oikit
“Tras recibir la información requerida a la sociedad concesionaria y haberla estudiado, el Gobierno ha incoado ya dos expedientes contra la misma, un expediente sancionador por actuar de forma incorrecta y, un segundo, por incumplimiento de contrato”, anunció ayer en sede parlamentaria el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Fomento da así por cerrado el tema y, tras pedir disculpas en todo caso a los ciudadanos afectados, el ministerio deja claro que fue la concesionaria la que en “ningún momento” informó a Fomento de los incidentes que se estaban produciendo y no es “hasta las 20.34h del día 6 que sabemos que ya hay varios vehículos bloqueados. Y no lo sabemos por la concesionaria, a pesar de las continuas comunicaciones con ella, si no por Protección Civil”, aseguró De la Serna en su comparecencia en el Congreso.
La oposición no está de acuerdo en absoluto con esta visión de Fomento. “Está acusando a la concesionaria sin que esta sea la responsable última de la seguridad de la ciudadanía, responsabilidad que es siempre del Gobierno”, argumentan desde el PSOE. “El protocolo de protección invernal es responsabilidad de la Dirección General de Carreteras. Y quién cursa las instrucciones en estos casos de emergencia es el Gobierno a la concesionaria y no al revés”.
Iberpistas, por su parte, del grupo Autopistas (filial de Abertis), ya negó la mayor los días posteriores al caos circulatorio. Según la concesionaria, se aplicó el máximo nivel de actuación y se pusieron en marcha todos los medios materiales y humanos.
Demanda civil contra Iberpistas…y de responsabilidad contra Fomento
Los dos expedientes sancionadores incoados por el Gobierno no es el único problema judicial al que se enfrenta Iberpistas. La asociación de usuarios ASUFIN está preparando una demanda por la vía civil contra la concesionaria. “De momento, estamos en una diligencia preliminar en el Juzgado de Primera Instancia de Segovia para exigir judicialmente la información que hemos pedido a Iberpistas y que se ha negado a darnos”, explica Almudena Velázquez Cobos, abogada de la Red Abafi y responsable de la demanda por parte de ASUFIN.
ASUFIN calcula que hay entre 3.000 y 4.000 afectados. “Aunque es difícil saberlo exactamente, porque mientras el peaje funcionó se puede calcular a través de las matriculas, pero Iberpistas abrió el peaje en un momento dado. Por eso también pedimos las grabaciones de las distintas cámaras de los tramos afectados”, cuenta Velázquez.
“Con esta acción colectiva lo que buscamos es que, una vez haya sentencia, si es positiva, cualquier afectado por el suceso, que pueda demostrarlo claro, se pueda adherir al fallo, aunque no haya estado en el procedimiento”, señala la abogada. “Calculamos que las indemnizaciones pueden rondar entre los 300 y los 500 euros. No queremos que la acción colectiva parezca un enriquecimiento, sino la justa devolución de daños y prejuicios”.
¿Y el Gobierno? ¿No tienen ningún tipo de responsabilidad? “Siempre hay una responsabilidad subsidiaria de Fomento. En términos jurídicos, podríamos decir que el Gobierno tiene culpa in vigilando”, asegura Velázquez. “Fomento tenía la obligación de controlar y vigilar que la actuación de la concesionaria era la correcta, máxime cuando el temporal estaba anunciado”.
Velázquez reconoce que es más rápida la demanda civil que interpondrán contra Iberpistas, pero ya avanza que ASUFIN también presentará un recurso de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Fomento. “Aunque un proceso contra la administración puede alargarse seis o siete años”, sentencia.
