Baltasar Garzón plantea la recusación del magistrado del Tribunal Supremo José Luis Requero

Publicado el lunes, 27 noviembre 2017

 

Baltasar Garzón

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Baltasar Garzón ha planteado la abstención y subsidiariamente la recusación del magistrado de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo José Luis Requero Ibáñez en base al artículo artículo 219 causa del apartado 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa» en el caso del que es ponente que se refiere a la demanda de los afectados por el denominado papel moneda de la República.  En concreto lo que se aduce es enemistad manifiesta hacia Garzón en base a las manifestaciones vertidas contra él por parte del magistrado del Supremo en un reciente artículo publicado en el periódico La Razón. Se trata en realidad de dos  recusaciones de idéntico contenido porque hay dos procedimientos en curso sobre este asunto.

El juez Requero fue designado ponente en las dos causas que se siguen en la Sección Segunda de la Sala Tercera en el caso del Papel Moneda sobre la demanda de un colectivo de más de cien afectados que reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado para la devolución del dinero de la Republica incautado por el Gobierno de Franco. Baltasar Garzón director del despacho jurídico ILOCAL representa a estos demandantes junto al bufete Amparo Legal.

En el recurso se explica como El 19 de noviembre de 2017, José Luís Requero Ibáñez, a título particular, publicó en el diario digital «La Razón» un artículo de opinión dedicado al fallecido fiscal general del Estado Jose Manuel Maza  en el que el ponente del caso papel moneda afirma lo siguiente:

«Especialmente le alabé con su conducta coherente -y valiente- cuando discrepó de la mayoría de la Sala al archivarse unas actuaciones seguidas contra un «juez estrella». Su voto discrepante fue contundente y claro: mostraba nítidamente cuál era su idea de juez, de la Justicia y de la independencia judicial, valores incompatibles con aquel lamentable personaje».

Se refiere aquí el juez José Luis Requero a  la Sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con número de resolución 101/2012, de fecha 27 de febrero en la que se juzgó y resultó absuelto Baltasar Garzón y a la que se incorporó un voto particular emitido por el entonces Excmo. Magistrado D. José Manuel Maza Martín, en el denominado «caso del franquismo».

En el escrito de recusación se expone que “el autor de dichas manifestaciones tiene una clara animadversión por el Sr. D. Baltasar Garzón Real, a quien se refiere sin ningún género de dudas pese a que no lo cite en el artículo periodístico con carácter nominativo, aprovechando además una circunstancia desafortunada, como ha sido el fallecimiento del Excmo. Sr. D. José Manuel Maza Martín, quien tiene muchísimos más méritos que emitir un voto particular en una Sentencia de la Sala de lo Penal.”

Se añade: “Que la cita al Sr. D. Baltasar Garzón Real constituye en sí misma un insulto, tanto por el uso peyorativo del calificativo de «juez estrella» como por la calificación de «lamentable personaje», sin olvidar la puesta en cuestión de los valores fundamentales del Estado de Derecho y la aplicación e interpretación de las normas achacadas al ofendido”.

El escrito de recusación indica además que “se está poniendo en cuestión la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y por ende el resultado absolutorio del Sr. D. Baltasar Garzón Real, a quien se denigra a través de un elogio del discrepante de la decisión de la Sala. Es muy conocida la doctrina del Tribunal Constitucional, reconocida asimismo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en torno a que la libertad de expresión no reconoce un pretendido derecho al insulto”.

El próximo 28 de noviembre tendrá lugar la deliberación, votación y fallo en los procedimientos seguidos ante la Sección 2ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo correspondientes al primer y segundo recurso presentados por los letrados.

Este caso ha llegado al Tribunal Supremo a causa de que el Consejo de Ministros desestimó una reclamación administrativa solicitando la indemnización patrimonial de los perjudicados el pasado 18 de noviembre como consecuencia de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil española y la Dictadura, particularmente entre los años 1936 a 1942. El Gobierno, si bien reconocía el daño, alegaba que tal petición debería haberse realizado un año después de que se aprobase la Constitución

Entre los argumentos presentados por los abogados de los demandantes ante esta respuesta, se mencionan la vulneración del principio de igualdad en relación con la Ley de Amnistía y la lesión de la Ley de Memoria Histórica. Precisamente en la solicitud de abstención y recusación se resalta que “las circunstancias condicionantes de ambos procedimientos tienen grandes similitudes por tratarse de cuestiones relacionadas con los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y su atención actual por las autoridades democráticas, pese a tratarse de órdenes jurisdiccionales diferentes”.

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