La Fundación Ankaria, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, celebra en Madrid a lo largo del mes de octubre y de la primera decena de noviembre un ciclo de conferencias y debates para analizar el fenómeno de la judicialización de la vida pública, cuya incidencia se ha hecho especialmente marcada en los últimos años en España.
Personalidades de mundo del Derecho, como Manuel Aragón, Catedrático de Derecho Constitucional y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional; Eduardo Torres-Dulce, ex Fiscal General del Estado; Gonzalo Rodríguez-Mourullo, Catedrático de Derecho Penal; Angel Rodríguez Vergara, Catedrático de Derecho Constitucional, o Francisco Caamaño, también Catedrático de Derecho Constitucional y ex Ministro de Justicia, entre otros, abordarán temas tan controvertidos como el de la judicialización de la política, el retraso de los procesos, el exceso de incriminación, la presunción de inocencia y la llamada “pena de banquillo”, la exaltación de los jueces estrella, la acción popular irrestricta o la libertad de información y los proceso penales.
Las conferencias tendrán lugar los días 4, 18 y 26 de octubre y el 7 de noviembre, todas ellas a partir de las 19.00 horas, en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en Madrid. Está prevista la asistencia del Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, a la conferencia de clausura.
“Un problema que se ha agudizado”
Para el director del ciclo de conferencias, Manuel Aragón, la oportunidad de celebrar unas jornadas con esta temática y enfoque queda justificada por el hecho de estar ante un “fenómeno que sin ser exclusivo de nuestro país, se ha agudizado desde hace años en España”. En este sentido aclara que lo que se pretende analizar no es que algunos poderes públicos o particulares acudan a los tribunales para la persecución de actos o disposiciones que vulneran el ordenamiento jurídico. “Eso no es judicializar la vida pública -declara. El problema surge cuando un poder público denuncia actuaciones de otro poder público en vez de cumplir con la obligación que todo órgano público tiene de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y en el caso de los particulares, cuando acuden a los tribunales no para reclamar la vulneración de sus derechos, sino para denunciar unas conductas políticas desconectadas por completo de sus intereses subjetivos. Por ejemplo, esto ocurre cuando se utiliza desviadamente la acción popular en materia penal”.
Según el Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional, el fenómeno de la judicialización de la vida pública adquiere una “especial gravedad” en presencia de otras circunstancias añadidas. Por ejemplo, “el haber llevado al Código Penal conductas que debieran haber quedado en el mundo de los ilícitos civiles y administrativos, y también la defectuosa regulación de los procesos penales, con el consiguiente alargamiento de la instrucción y de las resoluciones, la escasa protección de los afectados frente a la filtración de los sumarios, especialmente si son famosos o políticos, o los excesos valorativos, y no sólo informativos, de algunos medios de comunicación, que conducen a la consiguiente pena de banquillo o de telediario”, explica.
