Las pymes españolas incrementan un 25% la demanda de servicios de compliance en 2017 según VACIERO

Publicado el Jueves, 28 septiembre 2017

compliance y PYME

Los servicios de compliance para pequeñas y medianas empresas en España se han incrementado un 25% de media en 2017, según datos de VACIERO, firma española de referencia en asesoramiento legal y financiero a empresas.

Las penas previstas para la persona jurídica van desde multas, que pueden llegar hasta nueve millones de euros o cinco veces el valor del beneficio obtenido o daño causado (doce veces el daño provocado en el caso de delitos informáticos), hasta la suspensión de actividades o la disolución de la empresa, pasando por la prohibición de contratar con la administración pública, obtener subvenciones o incentivos fiscales. Entre los más de veinte grupos de delitos que puede cometer la empresa, figuran delitos de todo tipo, como los de insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, estafa, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, o delitos contra la salud pública.

“El compliance es un aspecto clave para las organizaciones hoy en día. Las empresas son cada vez más conscientes de que este tipo de programas de prevención son estratégicos y la mejor manera de preservar su futuro”, ha asegurado Iñigo Gorostiza, fiscal delegado de delitos económicos en excedencia y actualmente socio del área penal de VACIERO.

“En el entorno empresarial actual no se concibe que una compañía moderna y profesionalizada no cuente con un programa de compliance. En este sentido, el fuerte incremento de la demanda de este tipo de servicios que hemos detectado en VACIERO, confirma el hecho de que las pymes españolas quieren estar bien preparadas y al frente de los países desarrollados en cumplimiento normativo”, ha señalado Javier Goizueta, socio director de VACIERO.

Íñigo Gorostiza pone de manifiesto las indudables ventajas de contar con un programa de prevención eficaz, “pues no solo previene la comisión de delitos y exonera, en su caso, de responsabilidad penal a la persona jurídica, sino que reduce el riesgo reputacional de la empresa, aumenta el control y la buena gestión y reduce el riesgo de responsabilidad de administradores y directivos”, asegura.

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