Alternativas legales para los accionistas del Banco Popular tras la compra por el Santander

Publicado el Domingo, 2 julio 2017

Conrado Moreno Bardisa, Socio Director de Bardisa y Asociados.

La compra del Banco Popular por el Santander ha provocado una evidente inquietud entre los accionistas del Popular, nuestros abogados han analizado las posibles alternativas legales para los afectados por la transmisión.

Conrado Moreno Bardisa, Socio Director de Bardisa y Asociados

Conrado Moreno Bardisa, Socio Director de Bardisa y Asociados

Una de las consecuencias directas que ha supuesto la compra por el Santander ha sido la pérdida del valor de la deuda subordinada, técnicamente la deuda subordinada se ha convertido en acciones habiendo sido vendidas al Santander por la simbólica cantidad de 1 €.

Por tanto, aquellos clientes que tuvieran acciones o bonos del Banco Popular han perdido su dinero.

¿Quiénes han sido los principales afectados por la compra del Popular?

La adquisición del Banco Popular ha desencadenado una serie de consecuencias jurídicas habiendo afectado principalmente a tres grupos de accionistas:

Inversión en títulos llamados CoCos:

La mayoría de accionistas afectados son grandes inversores que invirtieron en bonos convertibles contingentes conocidos como CoCos.

Inversión en bonos subordinados antiguos:

También se comercializaron unos 450 millones de euros en bonos subordinados a clientes minoristas. Si es este su caso, lo primero que le aconsejamos es que revise el contrato que firmó con la entidad bancaria ya que muchos clientes creyeron contratar un depósito.

Inversión en acciones en las últimas ampliaciones:

Otro grupo de afectados son aquellos clientes que invirtieron en alguna de las últimas ampliaciones de capital (o directamente en Bolsa).

Este es el peor escenario.

¿Qué soluciones legales se contemplan para los accionistas del Popular?

Ante tal situación, los accionistas cuentan con acciones legales viables para recuperar la inversión.

Jurídicamente existen varios motivos para emprender acciones legales contra el Banco Popular y su comprador.

 

Falta de transparencia en la intervención y adjudicación de la entidad hacia sus accionistas.

Dudosa legalidad de la ampliación de capital del Popular en el 2016.

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