Un 80% de los españoles creen que la actitud del Gobierno contra la corrupción es mala

Publicado el miércoles, 14 diciembre 2016
Rafael Catalá sesión de control Congreso diciembre 2016

Rafael Catalá, ministro de Justicia, en el Congreso de los Diputados

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tuvo ayer que dar la cara de nuevo en sede parlamentaria para afrontar la alta preocupación de la sociedad española sobre la corrupción política. Fue durante la sesión de control al Gobierno. El PSOE puso sobre la mesa dos recientes estudios (el Barómetro de Transparencia Internacional 2016 y un reciente informe de Greco – Grupo de Países del Consejo de Europa contra la Corrupción) que confirman que la ciudadanía española sigue pensando que la corrupción en política es uno de los mayores problemas y que, más grave aún, no se hace lo suficiente para erradicarla desde el Ejecutivo.

En concreto, el barómetro de Transparencia Internacional España arroja dos datos demoledores: la corrupción y los sobornos ocupan el segundo lugar en la lista de problemas a afrontar con un 66% de los encuestados (solo por detrás de la economía y el desempleo) y el 80% de la muestra cree que el Gobierno tiene una actitud contra la corrupción “muy mala” o “relativamente mala”.

Catalá negó la mayor y echó mano de las leyes que durante la pasada legislatura aprobó el Gobierno de Rajoy en este sentido. Y se preguntó “por qué no fueron aprobadas en épocas de Gobiernos socialistas”, además de recordar que “ninguna de las medidas fueron apoyadas en el Congreso por el PSOE”.

Algunas de estas leyes sin embargo, aunque formalmente aprobadas, siguen a la espera de contar con un reglamento sin el cual su aplicación es imposible. Es el caso de la Ley de Transparencia que sigue sin reglamento efectivo tras tres años desde que el Congreso dio luz verde a la norma. Esta es precisamente una de las diez medidas que Transparencia Internacional España pone sobre la mesa para luchar contra la corrupción y para forjar un Pacto de Estado que implique la puesta en marcha de esta batería de reformas.

De las diez medidas que propone esta ONG enfocada a la lucha contra la corrupción a nivel internacional, el ministro Catalá se comprometió la semana pasada a acometer al menos tres: la despolitización de los órganos constitucionales, la reducción sensible del número de aforados (ningún país de Europa, según Transparencia Internacional, tiene tantos aforados como España) y la eliminación por ley de los indultos en casos de corrupción.

En otras reformas, aunque Catalá reiteró ayer que “no se siente satisfecho todavía con lo conseguido y se debe trabajar mucho más”, el titular de Justicia pasa de puntillas o directamente ni las menciona: la disminución sensible del clientelismo político reduciendo la enorme cantidad de cargos públicos de libre designación; la regulación de los lobbies; o el aumento de la transparencia financiera de las formaciones políticas.

Sobre el autor
Núria Ribas

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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