La deuda a la industria eólica agrava la inseguridad jurídica en renovables

Publicado el Martes, 25 octubre 2016

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Más de 600 millones de euros. Este es el cálculo que la patronal española de la energía eólica realiza de lo que el sistema eléctrico le debe a causa del error en el cálculo del sistema de retribución que hizo el gobierno para el periodo 2013-2016. Si la supresión de las primas a las renovables disparó la inseguridad jurídica entre los inversores extranjeros – y también españoles -, esta deuda no hace más que aumentar la inquietud del sector.

Corría el año 2013 cuando el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decide sustituir el sistema de primas a las energías renovables por un sistema de cálculo de retribución. Si ese cálculo se quedaba corto, las empresas de renovables deberían ser recompensadas por el sistema eléctrico a lo largo de su vida útil. Y efectivamente, el cálculo se quedó corto. Cortísimo. En los últimos tres años, el precio que han cobrado las empresas del mercado ha sido mucho menor que el estimado por el ya ex-ministro Soria. Solo a las empresas eólicas, el sistema eléctrico les debe más de 600 millones, según la Asociación Empresarial Eólica.

Recordemos que España es el quinto país del mundo por potencia eólica instalada, solo por detrás de China, Estados Unidos, Alemania y la India, con casi 23.000 megavatios instalados. Más de 20.000 personas trabajan en el sector y aporta directa e indirectamente unos 2.600 millones de euros al PIB.

Un potencial que ahora se ve comprometido por una supuesta inseguridad jurídica. Desde el Gobierno no se reconoce tal extremo pero los expertos no lo dudan: “Evidentemente, no hay seguridad  jurídica en España en el sector de las renovables”, sentencia Ramón Marés, abogado responsable del Área de Energías Renovables del bufete Rödl & Partner España.Se construyó un sistema que preveía un marco regulatorio para 25 o 30 años pero a los 3 años se desmontó. Ahora se ha creado otro sistema en base a unos parámetros que nadie sabe de dónde han salido, porque los informes que debían servir de base para estos parámetros no se hicieron y si se hicieron, llegaron al Ministerio después de salir la nueva ley. Además, estos parámetros se revisan continuamente, con lo cual los inversores no tienen un sistema fiable y preciso para hacer sus inversiones”, relata Marés.

Esta radiografía deriva, parece claro, en una falta patente de seguridad jurídica. “De hecho, en la última sentencia del Tribunal Supremo al respecto ya hubo tres magistrados que entendían que no había seguridad jurídica, que la cosa ya se está poniendo un poco más fea para el Gobierno”, recuerda el responsable de Renovables de Rödl & Partner España.

Este bufete, por su origen alemán, está muy acostumbrado a llevar asuntos legales de inversores extranjeros que buscaban, hasta hace pocos años, una buena oportunidad de negocio en el sector de las renovables español. ¿Ha decaído este interés? “A día de hoy no hay prácticamente interés en invertir en España en renovables porque la experiencia ha sido nefasta”, asegura Marés. “Hasta que no exista un marco regulatorio estable y fiable y un Gobierno que se postule favorablemente hacia las renovables, difícilmente se va a seguir invirtiendo en este país”.

Desde la patronal de las eólicas, la cosa está muy clara: “El sistema de primas fue fundamental en España. Si tenemos un sistema eólico que proporciona el 20% de todo el consumo y que además exporta tecnología innovadora por más de 2.000 millones de euros tecnología es gracias al sistema de primas, este sistema lo hizo posible”, explica Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica.

Estamos de acuerdo en que este sistema debía evolucionar hacia un sistema que la UE ha decidido que va a ser un sistema de mercado más una prima. Es decir, los ingresos que genera el mercado más una prima, y luego eso se tendrá que adjudicar con un sistema de subastas.  Pero aquí tenemos un sistema bastante diferente al del resto de Europa porque tenemos un sistema que incentiva la inversión pero no la generación y luego tenemos unas subastas, que como se ha demostrado, están mal diseñadas porque dan unos resultados absurdos desde un punto de vista económico y matemático”, remacha Willstedt.

Desde la patronal se da una cifra muy significativa: el valor de la inversión extranjera se ha reducido en un 23%. “Nosotros entendemos que era necesario terminar con el sistema de tarifas, pero tocando algunos puntos del sistema serviría para que los inversores vuelvan a tener la confianza en el sector eléctrico español”, asegura Willstedt.

 

*Escucha la versión radiofónica del reportaje emitido en Derecho Abierto pinchando aquí

Sobre el autor

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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