Alarma entre las agencias de viaje madrileñas

Publicado el jueves, 29 septiembre 2016

avales agencias de viaje

Un decreto ley sobre los avales que las agencias de viaje deben pagar para ejercer su actividad aprobado por la Comunidad de Madrid sin consensuarlo con el sector ha puesto en pie de guerra a las patronales. El aval mínimo pasa a ser de 100.000 euros más el 5% del volumen de negocio. Algo que, según las patronales Fetave y Aemav, pone en peligro la viabilidad de buena parte de los minoristas.

En 2013, las macro agencias de viajes Orizonia y Marsans quebraron, dejando en la estacada a centenares de clientes. Facua, una de las organizaciones de consumidores de España, puso una denuncia ante la UE. Y Bruselas, tiempo después, conminó a España a transponer una directiva en este sentido: aumentar los avales que se le exige a una agencia de viajes para poder iniciar su actividad, entre otras cosas.

Mientras algunas comunidades autónomas han hecho caso omiso, de momento, de esta directiva, la Comunidad de Madrid se puso manos a la obra y aprobó un decreto ley al respecto. Pero legislar sin consensuar con el sector implicado puede salir bastante caro. La publicación de las nuevas condiciones ha puesto en pie de guerra a las patronales que agrupan la mayoría de agencias de viaje madrileñas, que ya han presentado alegaciones a la norma.

Una de estas nuevas condiciones es el aval que una agencia de viajes debe depositar a partir de ahora para ejercer actividad. Hasta ahora, las agencias de viajes que operan en Madrid deben presentar un aval de 60.000 euros (las pequeñas), 120.000 euros (las grandes) o 180.000 euros (las mayoristas). Con el decreto, el mínimo pasará a ser de 100.000 euros, y a partir de ahí, un 5% del volumen de negocio. Estos avales deben servir, llegados el caso, para repatriación de los afectados o como seguro en caso de que algún viaje combinado no acabe siendo lo que se prometía.

Y en realidad es ese 5% el problema crucial. “En realidad no se sabe muy bien que va a ocurrir con los avales que había antes. El problema es que la norma introduce un 5% del volumen de ventas para cualquier agencia de viajes. Pero para un minorista, su beneficio es la comisión, no las ventas que realiza. Por tanto, le están pidiendo a la agencia minorista que pague un 5% de algo que no va a tener, un beneficio sobre las ventas. Está muy mal especificado y eso es un peligro”, explica César Gutiérrez, presidente de las patronales FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas) y AEMAV (Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje).

Gutiérrez también asegura que es una transposición “imposible de cumplir”. “Desde la UE lo que se quiere es que este tipo de garantías se produzca de forma inmediata, es decir  que si en un momento dado un consumidor, un cliente, tiene un problema directamente pueda acceder a esta garantía. Esto es prácticamente imposible con el Derecho Civil español, ya que siempre debe haber una sentencia en firme o un laudo arbitral que nos permita saber qué institución tiene ese poder de decisión sobre la garantía”, remacha.

Desde las patronales del sector no se oponen a que se mejore las garantías para los clientes pero “haciéndolo compatible con la viabilidad de la mayoría del sector”. Y proponen algunas modificaciones para que la trasposición de la directiva europea sea, según ellos, menos gravosa para las agencias de viaje.

De entrada, vamos a intentar que esta garantía que nos están exigiendo no se formule sobre un seguro de caución o de aval sino que sea directamente un seguro de responsabilidad civil. Porque si no es así nos iremos a cifras de avales de hasta 300.000 euros. Muchas agencias no van a encontrar a nadie que las avale por esa cifra y ellas mismas no tienen estos 200.000 o 300.000 euros para depositarlos ahí y dejarlos a fondo perdido”, explica Gutiérrez.

Desde Fetava y Aemav también se reclama que todas las agencias de viaje operen como detallistas y eliminar así la distinción entre minorista y mayorista, además de que ese 5% que se exige ahora no sea sobre la venta de los viajes combinados sino sobre los ingresos netos derivados de la venta de esos viajes combinados.

 

Sobre el autor
Núria Ribas

Periodista. Más de 20 años de experiencia en medios escritos y en comunicación política y corporativa. Periodismo jurídico, económico, político y cultural. Veraz siempre; parcial, también. @oikit

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